Antes de preparar una oferta para una entidad pública hay dos preguntas que conviene responder: si la empresa está inscrita en el registro que exige la ley y si alguna regla le impide contratar. Si la respuesta falla, el trabajo de la oferta se puede perder.
El Registro Único de Proponentes
La Ley 1150 de 2007 dispone que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales se inscriban en el Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio de su domicilio principal (artículo 6).
La misma norma exceptúa algunos casos, entre ellos la contratación directa, los contratos de mínima cuantía, los de prestación de servicios de salud, la enajenación de bienes del Estado y los contratos de concesión. Fuera de esos casos, el registro debe estar al día antes de presentar la oferta.
Las inhabilidades
La Ley 80 de 1993 enumera quiénes no pueden participar en procesos ni celebrar contratos con entidades estatales (artículo 8). Entre otros, quienes estén inhabilitados por la Constitución y las leyes; quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad de un contrato; y quienes hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas o sancionados disciplinariamente con destitución.
La lista sigue y algunos de sus literales han sido reformados. Por eso la revisión se hace sobre la empresa, sus socios y sus administradores, con la versión vigente de la norma.
Qué revisar antes de ofertar
- Que el RUP esté vigente y que la información de experiencia, capacidad financiera y organizacional esté actualizada.
- Que ni la empresa ni sus socios o administradores tengan una inhabilidad o una incompatibilidad.
- Que los requisitos del pliego coincidan con lo que el RUP certifica, para no descubrir la diferencia el día del cierre.
- Ley 1150 de 2007, artículo 6.
- Ley 80 de 1993, artículo 8.
Este artículo explica reglas generales y no reemplaza la revisión de su caso.
